Tras la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado, este viernes 18 de diciembre entra en vigor la modificación del Código Penal para la erradicación de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, una práctica que sufren especialmente las mujeres y que supone una vulneración de los derechos reproductivos, que en la última década ha afectado a un millar de mujeres en España.
Un cambio legal que llega tras el respaldo unánime del pleno del Congreso, el pasado 15 de octubre, a la proposición de ley y la ratificación definitiva en el Senado.
Hasta hoy, en España el Código Penal en el segundo párrafo del artículo 156 permitía las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente: “No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”, reza el texto legal.
La proposición de ley fue impulsada por Ciudadanos en marzo de este año a partir de la demanda de Cermi Mujeres y Cermi Estatal para la eliminación de este segundo párrafo y con ello erradicar las esterilizaciones forzosas. Se trataba de una reforma pendiente desde 2008, cuando entró el vigor la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
140 esterilizaciones forzosas en 2016
“Una esterilización forzosa es todo tipo de esterilización que se haga, ya sea permanente o temporal, sin información y sin consentimiento”, explica a Efeminista la presidenta de la Confederación Española de Personas con discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Aragón y Secretaria de Áreas de Cocemfe nacional y presidenta electa de Fundación CERMI Mujeres desde noviembre, Marta Valencia Betrán.
Esta práctica es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008 y que reconoce el derecho a que “las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que las demás”.
Además, el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, en vigor en nuestro país desde el 2014, en su artículo 39 tipifica las esterilizaciones forzosas como delito.
Sin embargo, en España, se han seguido realizando. Solo en 2016 se llevaron a cabo 140 esterilizaciones no consentidas, y en el periodo 2005-2013 hubo 865 intervenciones, según denuncia Cermi de acuerdo a lo últimos datos oficiales disponibles.
Violencia reproductiva “invisibilizada y normalizada”
Para la presidenta de Cocemfe Aragón, el motivo de que esto siga ocurriendo es que se trata de un tipo de violencia “mucho mas invisibilizada, asumida y normalizada“, de la que apenas se habla y de la que casi no hay cifras ni estudios oficiales.
Muchas mujeres, explica, ni siquiera saben que las han esterilizado o que están en ese proceso cuando, por ejemplo, se les aplican inyecciones o parches sin su consentimiento. La propia Valencia relata como se ha topado con este tipo de situaciones: “Alguna vez nos ha pasado, con mujeres que conocemos, que te dicen “mira llevo un parche para adelgazar” y sabes perfectamente que no es un parche para adelgazar…”.
“Normalmente es la familia quien pide las esterilizaciones, que en principio no lo hacen con mala voluntad, sino por supuesta prevención o sobreprotección. Pero lo que se supone que es un menor problema para la familia, es un abuso de las mujeres con discapacidad“, explica Valencia.
“Es una práctica que además tiene respaldo por gran parte de la sociedad, entonces no se puede saber realmente hasta qué punto se están llevando a cabo”, critican desde el colectivo “Rebelión Feminista”, que ven las esterilizaciones forzosas como un tipo de violencia reproductiva al que la sociedad no quiere mirar de frente.
“Sin derecho a ser madres ni a decidir”
El problema de raíz que subyace a esta práctica es la concepción de las mujeres con discapacidad como sujetos “sin derecho a ser madres, adultas, ni a decidir”.
“Se nos ve como niñas, asexuadas… el derecho a ser madre, que es un derecho que no se discute a ninguna mujer, en cambio, a las mujeres con discapacidad se nos discute“, subraya la representante de Cocemfe.
“Es necesario que nosotras podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, con conocimiento de causa y que se nos deje de infantilizar por el hecho de ser mujeres discas”, reivindican también desde el colectivo “Rebelión Feminista”.
Para las militantes de este colectivo, en la sociedad todavía impera una visión “capacitista” de la realidad, y con “capacitismo” se refieren a una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Se trata de un término aún no reconocido por la RAE pero cada vez más utilizado por colectivos sociales para sensibilizar.
Reforma del Código Civil
El otro gran cambio que se necesita para poner fin a las esterilizaciones no consentidas, pasa por una reforma del Código Civil. Para que un juez pueda autorizar una esterilización es necesaria, primero, la incapacitación civil, lo que supone “una limitación de los derechos civiles de las mujeres”, según denuncia la representante de Cocemfe.
Por eso junto a la reforma del Código Penal, se necesita otra del Código Civil, para que se cambie la actual incapacitación judicial, que es una sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, por “un apoyo a esa diferente capacidad”, explica Marta Valencia.
El pasado julio, el Consejo de Ministrosremitía a las Cortes Generales, para su tramitación y aprobación, el proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Estas dos reformas suponen un verdadero hito en cuanto a los derechos de personas con discapacidad y por ello las diferentes organizaciones esperan que ambos textos puedan ver la luz antes de diciembre.
Esterilizaciones forzosas, una forma de violencia sexual
La batalla ahora está en que las esterilizaciones forzosas se consideren una forma de violencia contra la libertad sexual, porque como recuerdan desde el colectivo “Rebelión Feminista”: “Llamar a las violencias por su nombre es imprescindible para poder ponerles solución”.
“Poder reclamar las esterilizaciones forzosas como una forma de violencia contra la libertad sexual, es un avance por la consecución de nuestros derecho ya no sólo como mujeres, si no como personas”, avanzan.
En julio, Cermi Mujeres pedía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se contemplasen las esterilizaciones forzosas como una forma más de violencia sexual dentro de la futura ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
FUENTE: EFE
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