Los vaticinios sobre el impacto económico de la crisis de la Covid-19 son cada vez más pesimistas. Todos confluyen, con sólidos argumentos, en que el desplome será muy severo, sin precedentes en la historia moderna del país. Sin embargo, ese alarmismo puede conducir erróneamente a una sensación de inevitabilidad acerca de la magnitud de los estragos y su duración.
Y es que la política económica puede jugar un papel fundamental para atajar la espiral recesiva y a la vez preparar la recuperación. La tarea es sin duda compleja, por la naturaleza inédita del shock que ha sufrido nuestra economía –en parte por el virus y las restricciones decretadas a la actividad, y en parte por debilidades que veníamos arrastrando-. Sin embargo, este es el momento de utilizar todo el conocimiento disponible acerca de las políticas que mejor funcionan, y de innovar para adaptar las soluciones a las circunstancias actuales.
Se trata de actuar con contundencia, en tres direcciones. Uno, ampliando las medidas de urgencia orientadas a apoyar la liquidez de las empresas y al mantenimiento del empleo. Una simple comparación con las iniciativas emprendidas por los países vecinos muestra que, si bien nuestro plan está bien planteado, su envergadura es insuficiente.
Es el momento de utilizar todo el conocimiento disponible acerca de las políticas que mejor funcionan y de innovar
Las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un apoyo directo para evitar su cierre, y no solo un acceso a créditos baratos. En Dinamarca, pymes que reducen sus ingresos en más de un 30% reciben una compensación equivalente al 70% de las pérdidas realizadas.
En Alemania, Francia e Italia los pequeños negocios que se enfrentan a una restricción de su actividad reciben una aportación monetaria y un apoyo para renegociar los alquileres comerciales y el pago de impuestos. Asimismo, los ERTE por fuerza mayor –sin duda la medida que se ha desplegado con más eficacia ante una crisis de estas características— se han prolongado hasta junio, mientras que en otros países europeos el dispositivo se mantiene en vigor hasta finales de año.
Además, algunos colectivos como la mayoría de los asalariados con contratos temporales o los jóvenes que se incorporan al mercado laboral no están amparados por los ERTE. Ni disponen de otra alternativa. El lanzamiento de una garantía universal de empleo, como existe en los países nórdicos, sería esencial para evitar la agravación del paro de larga duración. Desde el punto de vista económico, esta garantía se debe considerar como una inversión, crucial para mantener la capacidad productiva.
Además, tanto las ayudas a las empresas como los ERTE se enfrentan a cuellos de botella por falta de personal cualificado. Algo que se puede paliar con la técnica de la «expresión de interés», que consiste en ofrecer oportunidades de movilidad para funcionarios de distintos cuerpos. De modo que se incorporen a los servicios más solicitados, en vez de permanecer en administraciones hoy por hoy menos prioritarias o cuya demanda ha caído drásticamente como consecuencia de la crisis.
En segundo lugar, convendría lanzar a partir de junio -que es cuando se espera que el confinamiento se atenúe notablemente- un plan de reactivación de la economía, con medidas específicas para el sector del turismo.
El impulso solo puede venir del sector público, porque las familias que han conservado su poder adquisitivo se muestran reticentes a consumir, y las empresas a invertir, una situación que se prolongará por lo menos hasta finales de año por el trauma de la crisis sanitaria y el horizonte incierto.
Una prioridad evidente podría ser la inversión en el sector sanitario, para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales y los centros de atención primaria y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia.
Idealmente, la creación de una cadena de valor sanitaria debería realizarse a nivel europeo, pero conviene no esperar a que Bruselas elabore su plan, porque las necesidades son acuciantes y las negociaciones comunitarias suelen demorarse más de lo deseable (ver el proyecto de unión bancaria, que lleva cinco años en el tintero).
La creación de una cadena de valor sanitaria debería realizarse a nivel europeo, pero conviene no esperar
En cuanto al turismo, algunos especialistas abogan por el pasaporte sanitario, la creación de corredores seguros entre lugares de origen y de destino con pocos contagios (como puede ser el caso de las islas) o una marca «Covid-free» para designar ofertas integrales que proporcionen a los visitantes un entorno seguro y con distancia social. Esto es algo que ayudaría a mitigar el impacto a corto plazo. Más allá del verano, si los desplazamientos se ralentizaran de manera estructural, una reconversión del sector sería inevitable.
Finalmente, ninguna de estas iniciativas es factible sin una financiación sostenible. Este año el déficit superará el 10% del PIB, habida cuenta de la menor recaudación, y del coste de las medidas ya anunciadas (sin contar las que aquí se recomiendan).
Las acciones de urgencia deberían financiarse con relativa comodidad gracias al dispositivo específico puesto en marcha por el BCE (programa PEPP, dotado de 750.000 millones). En cuanto a la inversión y el apoyo al sector del turismo, el fondo europeo para la recuperación parece la fórmula adecuada. Pero como no se espera que entre en funcionamiento hasta 2021, se podría proceder sin demora a una emisión especial de bonos para la reconstrucción del país.
En principio, los mercados disponen de recursos, fruto del superávit de financiación del sector privado. Para ganar su confianza, nada mejor que un amplio consenso social asentado en una visión estratégica.
FUENTE: Raymond Torres es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. @RaymondTorres_
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